Un conjunto asistencial modélico

La sala de actos forma parte del complejo construido en una finca de 30 hectáreas propiedad de la Diputación para sustituir a la Casa de la Caritat de la calle de Montnegre. Las obras comenzaron en 1954 y concluyeron tres años más tarde, tiempo récord impuesto por Artur Mundet y su esposa Anna Gironella, que aportaron cuarenta de los 175 millones de pesetas que costó el proyecto, sin duda el mejor conjunto asistencial de la época, obra del arquitecto Manuel Baldrich. Los pabellones de Mundet acogieron a 1.500 niños y niñas, 700 ancianos y un centenar de religiosos y personal de servicio. El recinto incluía todo lo preciso para la formación de los jóvenes, con instalaciones deportivas y culturales inéditas entonces en instituciones públicas, piscina descubierta de 33 metros con palanca y trampolín, campos de fútbol y atletismo y una sala de actos, con aforo de 1.200 plazas, patio de butacas escalonado, cabina de proyección cinematográfica, doble foso y una acústica de alta calidad que, poco antes de los Juegos Olímpicos, acogió grabaciones de Josep Carreras y Montserrat Caballé.

Hacia 1990 el funcionamiento y el sistema de enseñanza de Mundet habían cambiado por completo. En 1982 los Salesianos dejaron la institución, cinco años después les tocó el turno a las Hijas de la Caridad, desapareció el internado, los residentes se trasladaron a centros abiertos y la gestión de las instalaciones deportivas fue privatizada. La utilización de la sala de actos quedó reducida a las sesiones dominicales de cine para los ancianos, hasta que una inspección de Bomberos exigió medidas para actualizar su seguridad, que se limitaron a la retirada de cortinas y sillas y a arrinconar otros elementos. Tras los Juegos Olímpicos, la sala pasó a ser un espacio vacío, abandonado y sucio. Y así sigue.

Los convenios que a partir de 1987 firmaron Diputación y UB fueron, en teoría, modélicos en la protección del recinto de Mundet. Esos acuerdos obligan a la Universitat a conservar los edificios y aplicar un programa integral de mantenimiento por un periodo igual a la duración de los pactos, actualizado cada seis años. El cumplimiento de lo anterior debe ser verificado cada tres años por el servicio de Construcciones Civiles de la Diputación y su resultado puesto en conocimiento de los máximos responsables de las dos corporaciones. El coste de las obras corresponde a la UB, pero la Diputación puede actuar subsidiariamente si el mantenimiento no se lleva a cabo. La sala de actos merece un trato especial en los convenios, que siguen vigentes.

En el caso de que el recinto sea utilizado por la UB, y ese uso aportara beneficios, la Diputación debe percibir el 50% de los ingresos. Pero esa posibilidad no se ha dado porque la Universitat nunca usó ni alquiló la sala, y tampoco la restauró, y la Diputación ni exigió ni asumió las obras para frenar el progresivo deterioro del teatro, lo que permite deducir que el estado actual del que fuera modélico teatro de Mundet es el resultado del incumplimiento de los compromisos asumidos por las dos entidades.

Sin dinero y sin proyecto

Durante los últimos treinta años, la UB ha convertido el recinto de Mundet en la sede de sus facultades de Educación y Psicología, con unos 10.000 estudiantes que, al parecer, nunca han precisado de la desconocida sala de actos, tan próxima a sus aulas. Carrer no ha tenido fácil conseguir que la institución universitaria informara sobre el abandono de ese equipamiento. No se nos ha permitido acceder a la sala, ni fotografiar su estado, y recoger la opinión sobre el futuro del edificio ha exigido semanas de espera. Jordi Bosch, vicegerente de Proyectos Estratégicos de la UB, ha sido quien, finalmente, nos ha asegurado que esos 10.000 alumnos del campus de Mundet nunca han necesitado de una sala de grandes dimensiones. Bosch achaca a la falta de medios económicos el abandono del recinto y añade que son muchas las facultades que exigen inversiones y que los pocos fondos disponibles para infraestructuras “los destinamos a investigación”.

La Universitat no tiene un proyecto concreto para el edificio y es evidente que su pasado vinculado al cine o al teatro carece de alternativas válidas. El derribo total no parece una opción, pero sí destruir la estructura interior y aumentar la edificabilidad del solar, con una superficie próxima a los mil metros cuadrados. El vicegerente considera que el recinto podría acoger instalaciones de un departamento de psicología y neurociencia, “un proyecto potente y ambicioso”, pero, al parecer, un sueño anclado en los buenos deseos porque, de momento, no hay proyecto arquitectónico o de uso y, lo que es peor, tampoco presupuesto o financiación asegurada a pesar de que, según Bosch, “buscamos fondos estatales y de la Generalitat”.

Jordi Pericàs, coordinador de Servicios Generales de la Diputación, justifica el abandono y la degradación de la sala de Mundet con dos motivos: la inexistencia de un uso alternativo válido y la exigencia económica o política de dar prioridad a otras inversiones consideradas más necesarias por la entidad porque, añade, “nuestra responsabilidad es ayudar a los ayuntamientos”. En 1996, la Diputación realizó un estudio para instalar un centro de convenciones, descartado ante la aparición de proyectos similares en la ciudad. También fracasaron diversos contactos con el Ayuntamiento de Barcelona. Los convenios firmados y renovados permitían a la Diputación intervenir en la conservación de un edificio de Mundet degradado a lo largo de 33 años, ¿por qué no se hizo? Pericàs considera que nada se ha podido exigir a la UB “porque carece de medios económicos para asumir esos trabajos”, y la Diputación, por su parte, actúa con “discrecionalidad política para decidir si las inversiones son necesarias y prioritarias”. Y, al parecer, el viejo anfiteatro nunca ha gozado de esas características.

¿Qué futuro le espera a la antigua sala de Mundet si se mantienen la falta de medios de la Universitat de Barcelona y la discrecionalidad política de la Diputación? Pericàs marca el plazo de un año para la toma de decisiones, tiempo que, en su opinión, permite fraguar el proyecto del centro científico, pero, si todo sigue igual, si la UB no necesita ese espacio, “nos lo tendrán que devolver”. Un año más, y serán 34 con las puertas cerradas.

Mundet, un museo desconocido

El arquitecto Manel Baldrich Tibau (1911-1966) transformó la topografía hostil de la ladera de Collserola en Horta en una obra maestra de urbanismo y arquitectura y dominó ese territorio con terrazas horizontales, de forma que ni uno solo de los edificios construidos se asentaron sobre la superficie original. Baldrich no utilizó materiales suntuosos, pero sí perdurables, diseñó parte del mobiliario, incorporó pintura, escultura y dio visibilidad a artistas poco menos que desconocidos en aquella época de rígido oscurantismo franquista. El recinto de Mundet tiene un recorrido museístico que incluye obras de Eudald Serra, Josep M. Subirachs, murales de Josep Guinovart, Joaquim Datsira, Marc Aleu, Will Faber y Josep Montpou y obras de Miquel Ferrer, Pere Pruna, Enric Planasdurà, Joan Rebull… Francisco Franco y el marqués de Castell Florite, presidente de la Diputación, presidieron la inauguración de Hogares Mundet el 14 de octubre de 1957 en el teatro del recinto, ese edificio hoy ignorado y de futuro incierto.

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José Antonio Acebillo, responsable de las obras olímpicas, planteó al arquitecto Óscar Tusquets la realización de las ocho fuentes, financiadas por la entonces Sociedad General de Aguas, un proyecto diferente del habitual mobiliario urbano hecho en serie, pensado como piezas únicas de la misma familia y con diseño adaptado a su emplazamiento. La idea era que los Juegos contribuyeran a monumentalizar la ciudad, colocar pequeñas obras de arte en el espacio urbano.

Tusquets eligió al escultor canario Juan Bordes como compañero de viaje, el primero diseñó el armazón, la peana, y el segundo modeló las esculturas, imaginadas con adolescentes que jugaban con el agua en actitudes que podían considerarse la iniciación a deportes olímpicos. Así, una niña chapotearía el agua, otra se zambulliría o se sumergiría, un muchacho lanzaría una piedra desde la orilla y otro empezaría a remar. Y con esas ideas y los dibujos de Tusquets se gestaron ocho delicadas fuentes con nombre propio y se fijaron sus emplazamientos.

Nombres y localizaciones

La fuente Pilota se situó en el Paral·lel, junto al Museo Marítim; Llançament, en la avenida del Estadi, en Montjuïc; Busseig, en la avenida de Xile, junto al parque de Can Rigalt, en Hospitalet de Llobregat; Xip Xap, en la plaza Alfonso Comín; Cabriola, en el pasaje Isadora Duncan, en Vall d’Hebron; Voga, en la avenida del Litoral, en la calle de Salvador Espriu; Capbussament, en el puerto olímpico; y Tempteig, en la plaza de les Glòries.

Las ocho piezas tenían en común el juego de la escultura con el agua, un pequeño cuenco del que manaba un chorrito de agua para el consumo público y su instalación en espacios poco transitados y sin protección ni vigilancia alguna. La soledad de las fuentes ha facilitado el vandalismo que a lo largo de los años se ha cebado en todas y cada una de ellas. Las esculturas han sido robadas o destrozadas, algunas fueron arrancadas con sierras eléctricas o cuarteadas, lo que hizo imposible un nuevo montaje; desaparecieron las placas que las relacionaban con los Juegos y los armazones se cubrieron de pintadas.

Hacia el año 2000 el Ayuntamiento retiró las esculturas que seguían en pie y modificó su sistema de fijación para dificultar nuevos robos, pero solo se consiguió que los ladrones mejoraran los métodos para arrancar las piezas. Nadie llegó a plantearse la conveniencia de mejorar el control de lo que ocurría en el entorno de las fuentes.

Fuentes reemplazadas

Hasta la fecha, Juan Bordes ha repetido tres esculturas, que no son idénticas a las originales porque no trabaja con molde. Dos de ellas, las de Vall d’Hebron y la plaza Alfonso Comín, volvieron a su emplazamiento original en marzo, y una tercera, la de Glòries, se conserva en un almacén a la espera de que concluyan las obras de esta plaza. Quedan en pie la del puerto olímpico, protegida quizá por su difícil localización, y la de la avenida de Xile, junto al parque de Can Rigalt. Las tres fuentes restantes -Paral·lel, avenida del Litoral y Montjuïc- han quedado reducidas a un bloque desnudo de piedra artificial sin identificación alguna que permita a vecinos y transeúntes vincular ese despojo urbano con el pasado olímpico de la ciudad.

Especial abandono es el que rodea la escultura Llançament, en la avenida del Estadi, desaparecida en plena pandemia, situada en un entorno que debiera ser zona ajardinada y es en realidad un espacio donde se mezclan hierbajos, restos de comida y bebida, escalones rotos y balaustrada desportillada. Personas sin techo suelen utilizar el agua que aún mana por un orificio de su armazón para aseo personal o hacer la colada. Usos prácticos para restos olímpicos.

Paisajes rotos

La conservación y mantenimiento del patrimonio monumental de la ciudad, pero no su vigilancia, corresponde al servicio municipal de Arquitectura, Urbanismo y Patrimonio. Carme Hosta, técnica del mismo, reconoce que las ocho fuentes olímpicas han sido víctimas especiales de vandalismo e insistentes robos, siempre denunciados ante los Mossos. La Policía nunca ha localizado ni las piezas desaparecidas ni a los autores de los robos y, en consecuencia, se ignora si el destino de las esculturas ha sido su venta a coleccionistas o anticuarios. Tanto el irracional vandalismo como los robos han estado amparados en la falta de vigilancia que protegiera piezas dañadas y en la lentitud municipal para reponer piezas y mejorar su estructura, un proceso burocrático sometido a otras prioridades económicas municipales.

Las tres piezas repetidas por Juan Bordes, con un coste aproximado de 25.000 euros por unidad, se incluyeron en la programación 2003-2020 y no se instalaron hasta el pasado marzo. Las tres pendientes deberán esperar su turno. Las esculturas de Paral·lel y avenida del Litoral están presupuestadas para el periodo 2021-2025, pero la de Montjuïc no ha llegado a tiempo para ser incluida en esa propuesta. Si no se aceleran los plazos, y no parece que esa vaya a ser la tónica, las tres fuentes seguirán siendo durante años un simple armazón de piedra artificial. La lenta tramitación ha convertido las fuentes olímpicas y su entorno en paisajes rotos, privados de elementos de calidad que impusieran respeto.

Carme Hosta insiste en la necesaria conciencia cívica para respetar el espacio público -“hay piezas que no se pueden encerrar en un museo”-, rechaza valorar si es necesaria o no más vigilancia e insiste en que la presencia de obras de arte en la calle “es siempre un riesgo”.

Un largo proceso de creación

Óscar Tusquets escribió en noviembre de 1992 una breve memoria del proceso de creación de las ocho fuentes olímpicas, que quiso mantener fieles a la tradición de las placitas triangulares, en particular la realizada por Josep Campeny en 1912 en Diagonal-Còrsega. El arquitecto recuerda en ese texto que José Antonio Acebillo y él, “muertos de frío” en un recorrido dominical de diciembre, peregrinaron por las obras apenas iniciadas de los Juegos para decidir el emplazamiento de las peanas.

La forma de las esculturas la decidieron Tusquets y Juan Bordes, “en los descansos de anochecida” de un viaje por Extremadura. Las fuentes no son el único trabajo conjunto del arquitecto y el escultor canario. En 1995 realizaron el monumento a los Santpere, en el inicio de la Rambla, y años más tarde Bordes colaboró en las piezas escultóricas de la reforma del Palau de la Música, en especial la gran palmera. El auditorio Alfredo Kraus, en las Palmas, proyecto de Tusquets, incluye también cuarenta esculturas de Bordes.

La misteriosa desaparición de dos fuentes

No ha sido fácil recuperar todas las imágenes de las fuentes olímpicas tal como fueron instaladas en 1992 y poder comparar así aquel atractivo pasado con el infortunado presente. El despacho del arquitecto Óscar Tusquets ha facilitado fotografías de seis de esas obras, pero carece de documentación e imágenes de dos de ellas, la de Montjuïc y la situada inicialmente en Glòries, a pesar de que ambas sí figuraban en el primer boceto realizado. El escultor Juan Bordes tampoco dispone de imágenes de esas dos esculturas, ni de los moldes que permitan su reproducción.

El archivo histórico de la Sociedad General de Aguas de Barcelona y el Municipal de Barcelona tampoco tienen documentado el acuerdo firmado en su día para financiar las fuentes y conectarlas a la red. La desaparición documental, fotográfica y física de esas dos fuentes permitió pensar que, por motivos desconocidos, quizá las prisas olímpicas, Llançament y Tempteig no habían superado las caminatas comunes de tres hombres: Acebillo, Tusquets y Bordes. Al final, Carme Hosta, técnica del servicio municipal de Arquitectura, Urbanismo y Patrimonio, dio fe de vida de las dos fuentes, cuyas fichas figuran en una no fácil entrada en internet: Art Públic.

M. Eugenia Ibáñez es periodista.

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El tratamiento y la catalogación han quedado fijados en el documento firmado en noviembre del año pasado por el que el Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) asume el coste de la recuperación del archivo mientras la Fundació Catalunya Europa (Fundación Pasqual Maragall) llevará a cabo la clasificación del archivo. El presupuesto inicial es de 35.120 euros. El acceso público del material quedará condicionado por el escaso personal de la Biblioteca Pública Arús, una pequeña joya casi desconocida por los barceloneses.

En octubre de 2020, Carrer informó de la existencia del olvidado archivo de Tierno Galván, donado por el hijo del exalcalde a la ciudad de Barcelona y a la Gran Logia Simbólica Española, según convenio firmado por el alcalde Xavier Trias que obligaba a su conservación y archivo en la Biblioteca Pública Arús. El reportaje llevó a la intervención del concejal Jordi Martí, actual presidente del ICUB, quien en su día aseguró que el gobierno municipal de Ada Colau desconocía la existencia del archivo y su lamentable estado.

M. Eugenia Ibáñez es periodista.

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La conservación del edificio, también conocido como palacio Desvalls, es competencia de Parcs i Jardins, servicio municipal del que han surgido diversas propuestas de rehabilitación tumbadas siempre por organismos superiores y tenientes de alcalde responsables de Patrimonio. Los últimos intentos se dieron en 2017 con la propuesta de una inversión de dos millones de euros para apuntalar el edificio y otros trabajos básicos, pero el presupuesto de la ciudad no consignó la partida porque la primera teniente de alcalde y responsable de Urbanismo, Janet Sanz, y la entonces presidenta del Distrito de Horta-Guinardó, Mercedes Vidal, no juzgaron oportuno dar prioridad a las obras. En 2018 se pospuso la rehabilitación que para entonces, y dada la precaria situación del edificio, debía ser ya integral. Nuevo olvido. Al año siguiente se planteó la mejora estructural, también postergada, y en 2020, el cada vez más ruinoso edificio no logró consignación alguna en el Plan de Inversiones Municipales (PIM). Y llega 2021 con el techo del palacio de Alfarrás medio derruido, enormes agujeros que permiten la libre entrada de la lluvia y un cúmulo de escombros en el interior que no hicieron ni cómoda ni agradable la primera visita al recinto, rodeada de medidas extremas de seguridad, del nuevo gerente de Parcs i Jardins, Francesc Jiménez. El diagnóstico de los técnicos fue rotundo: “Estado ruinoso”.

Quince millones para un rescate

La recuperación del edificio se ha plasmado ahora, por enésima vez, en un plan que incluye tres fases que se afrontarán según las disponibilidades económicas y la voluntad política del gobierno municipal. Frenar la degradación, en definitiva evitar que el edificio se caiga a trozos, tiene un presupuesto que apenas supera el millón de euros; otros cuatro millones para fachadas y cerramiento del edificio, y la tercera fase, con una inversión de casi 11 millones de euros, permitiría dar un uso al edificio. En total, la rehabilitación integral del palacio se ha presupuestado en unos 15 millones de euros, mucho más del doble de lo que hubiera costado hace pocos años.

Disponibilidad económica

¿Qué recorrido va a tener la nueva propuesta de inversiones? Jiménez asegura que se trabaja en “buscar dinero” que pueda consignarse en el presupuesto del próximo año, pero ese buceo en la hacienda municipal queda supeditado no solo a las disponibilidades económicas municipales sino también a la voluntad política, nula hasta la fecha. El gerente de Parcs i Jardins considera que a diferencia de años anteriores se parte con la ventaja de informes favorables de los departamentos de Patrimonio del Ayuntamiento y de la Generalitat, al parecer ahora sensibles al hecho de que el edificio del parque del Laberint tenga la consideración de Bien de Interés Cultural de Catalunya. Jiménez tiene como objetivo que los presupuestos que se aprueben en diciembre incluyan los fondos precisos para afrontar los trabajos de las dos primeras fases, lo que permitiría licitar las obras y acelerar su inicio. Pero las buenas intenciones del gerente, como las de su predecesor en el cargo, pueden topar de nuevo con el cambio de cromos y prioridades políticas en el que con tanta frecuencia se convierte la inclusión, o no, de una partida pequeña entre las grandes inversiones, quizá más atractivas para el votante que el maltrecho edificio que abre el parque histórico más antiguo de la ciudad, y probablemente el más hermoso.

Propiedad municipal desde 1967

El parque del Laberint, de nueve hectáreas, situado junto al barrio de la Vall d’Hebron, en la ladera de la sierra de Collserola y próximo a la Ronda de Dalt, tiene su lejano origen en una torre de defensa del siglo XI que fue aprovechada en construcciones posteriores.

Los jardines y el pequeño palacete fueron decisión de Joan Antoni Desvalls, marqués consorte de Alfarrás, que en 1794 encargó al arquitecto italiano Domenico Bagutti la creación de un jardín neoclásico en la finca que la familia tenía en el entonces municipio de Horta. En posteriores reformas y ampliaciones intervinieron el jardinero francés Joseph Delvalet y, ya en el siglo XIX, el arquitecto Elias Rogent. El parque se abre al público con un palacio de estilo neogótico y neomozárabe.

El Ayuntamiento compró el recinto a la familia Desvalls en 1967, en 1971 se abrió al público tras una primera restauración y la segunda se llevó a cabo en 1994 con fondos de la Unión Europea. Los sucesivos trabajos de acondicionamiento y mejora se limitaron a los jardines y la conservación del palacio quedó siempre postergada. Hacia 1995, en un extremo del edificio se instalaron servicios de Parcs i Jardins, pero la otra mitad quedó olvidada y cada vez más degradada, a la espera de un uso privado que asumiera la inversión de las obras, cada vez más elevadas. Hace diez años se especuló con la posibilidad de que se convirtiera en sede de la Fundación Joan Brossa, y el último intento de dar un uso al edificio se dio en 2013, cuando el alcalde socialista Jordi Hereu ofreció el palacio para su transformación en Casa de Marruecos, pero el Consulado rechazó asumir la rehabilitación del maltrecho palacio. Con anterioridad a la pandemia, el parque del Laberint recibía unos 250.000 visitantes al año.

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El número anterior de Carrer (octubre 2020, número 155) informó sobre la situación del archivo del exalcalde, donado por su hijo –Tierno Pérez-Relaño– y depositado en la Biblioteca Arús de Barcelona, equipamiento especializado en movimientos sociales y con uno de los mejores fondos históricos relacionados con la masonería. La biblioteca recibió treinta cajas que contenían más de 500 fotografías, archivadores, álbumes, grabaciones de conferencias, material electoral, correspondencia con políticos como Willy Brandt, Victoria Kent y otros exiliados españoles.

En definitiva, un archivo valioso para historiadores, siempre y cuando el material fuera restaurado y catalogado. Pero ni el Ayuntamiento ni la Gran Logia Simbólica Española (GLSE) aportaron fondos ni interés para que ese trabajo se llevara a cabo y la biblioteca, con escaso presupuesto, no pudo hacer otra cosa que frenar el deterioro del material y depositarlo en estanterías a la espera de tiempos mejores. Y así, nueve años.

El olvido del archivo fue tal que, tras la firma del convenio, de su existencia no quedó otra señal que los tímidos intentos de los sucesivos directores de la biblioteca para lograr fondos que permitieran su catalogación. Las dos instituciones copropietarias de la documentación, Ayuntamiento y logia masónica, ignoraron lo acordado; Trias perdió la alcaldía en el 2015, Jordi Farrerons dejó la dirección de la GLSE, y sus sustitutos, Ada Colau y Xavier Molina, asumieron el cargo sin que, al parecer, ni ellos ni sus equipos supieran de la donación. Ahora, la información de Carrer ha removido memorias y, quizá, a lo largo de este año, el archivo de Enrique Tierno deje de ser un amasijo de carpetas olvidadas en un equipamiento municipal.

Nadie sabía nada
Jordi Martí, actual concejal del distrito del Eixample, al que pertenece la Biblioteca Arús, asegura que desconocía que el archivo de Tierno Galván llevara nueve años olvidado en las estanterías de una instalación pública. Este hecho permite suponer que la existencia de la documentación no trascendió a la firma del convenio y la habitual nota de prensa, y que en el caso de que lo hiciera a nadie le interesó el cumplimiento del compromiso adquirido.

Martí ha sido gerente del Instituto de Cultura y concejal, primero socialista y ahora con Ada Colau pero insiste en que el primer conocimiento oficial sobre el tema lo tuvo durante la preparación del 125 aniversario de la Biblioteca Arús, actos iniciados en marzo del año pasado. “Nadie valoró adecuadamente”, añade, “el simbolismo que supone que el archivo de ese alcalde de Madrid se depositara en una biblioteca de Barcelona”. Martí dice haber encontrado la misma ignorancia sobre el tema en todos los ámbitos municipales consultados.

Enmendar esa postergación pasa ahora por dos instituciones, el Arxiu Històric de la Ciutat y la Fundació Catalunya Europa. El primero asumirá la parte más técnica del proceso, valorará la documentación y la clasificará según su contenido privado, vinculado al trabajo a la alcaldía o relacionado con el socialismo. La Fundació Catalunya Europa asumirá la restauración del material que lo precise, fotografías por ejemplo, catalogación y digitalización. Martí considera que esta entidad ha realizado un “excelente trabajo” con el legado de Pasqual Maragall y que acumula experiencia en ese campo y capacidad suficiente para realizar una tarea similar con el archivo del exalcalde de Madrid.

Tierno Galván mantuvo una buena relación con Barcelona y confrontar ambos archivos permitirá compartir información común. El trabajo anterior puede prolongarse durante meses pero, en cualquier caso, según el concejal, “acabará en los primeros meses del 2021” y quedará depositado en la Biblioteca Arús a disposición de quien quiera consultarlo.

Martí confía en que al término de ese proceso se pueda saber por qué el archivo ha acabado en Barcelona. En la donación no hubo transacción económica alguna, como suele ocurrir en otros casos, así que la elección de destino fue decisión personal de Tierno Pérez-Relaño, disconforme con la situación de los equipamientos públicos de Madrid, según informó Carrer en su número anterior. No constan los vínculos con la masonería del exalcalde, por lo que la elección de la Biblioteca Arús como depositaria del legado puede estar relacionados con los de su hijo, residente ahora en Barcelona donde frecuenta la sede de la Gran Logia Simbólica Española.

La logia masónica colaborará
Pero el Ayuntamiento no ha sido el único firmante del convenio del 2012 que olvidó los compromisos adquiridos. La logia masónica, copropietaria del legado, no se interesó nunca por la situación del archivo ni buscó una solución para el mismo. Xavier Molina, actual gran maestre, también asegura que no fue informado del tema al asumir su cargo, reconoce que la institución ha fallado y se muestra dispuesto a colaborar en el proceso de recuperación del archivo.

Tras conocer la información aparecida en Carrer se puso en contacto con la dirección de la biblioteca y está pendiente un encuentro con representantes municipales a los que ofrecerá su colaboración. Molina puntualiza que el presupuesto de su logia es muy reducido -“tenemos unos mil hermanos, somos la segunda en importancia de España”-, pero insiste en que la GLSE ayudará para que el archivo se abra al público.

La Biblioteca Arús es el único personaje de esta historia que puede dar por bien empleado el tiempo transcurrido. Curó las heridas más graves del material recibido, conservó durante nueve años la documentación con su escaso presupuesto, buscó ayudas que se le negaron y llamó a puertas que nunca se abrieron. Ahora, si el olvido no se impone de nuevo, el equipamiento abrirá su hermosa sala de consulta al legado de un alcalde de Madrid que, no sabemos por qué, apareció en Barcelona.

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La anterior frase la pronunció el hijo de Enrique Tierno Galván a finales del 2011 al ser preguntado por qué cedía a Barcelona la documentación de su padre. Meses después llegaron a esta ciudad treinta cajas con el archivo personal del que fuera alcalde de Madrid y depositadas en la sede de la biblioteca Arús, en el paseo de Sant Joan, 26, donde siguen.

Ese valioso material esconde recovecos de la historia de España y del socialismo español aún no examinados porque, nueve años después, el contenido de aquellas cajas no ha sido inventariado ni catalogado y en consecuencia tampoco es posible su consulta. Un archivo valioso, de momento inservible, convertido en el secreto mejor guardado.

Enrique Tierno Galván (Madrid, 1918-1986), alcalde de la capital entre 1979 y 1986, participó en las listas del PSOE en las primeras elecciones democráticas municipales celebradas en España tras la dictadura franquista, en mayo de 1979, fue elegido alcalde con el apoyo del PCE y reelegido en 1983. Hasta el día de hoy, y no parece que esa valoración vaya a tener otro destinatario, ha sido el edil más querido por los madrileños que el día de su entierro, en el cementerio de La Almudena, le despidieron en una multitudinaria manifestación que paralizó la ciudad.

En el recuerdo de sus paisanos quedaba la resistencia al franquismo, el paso por la cárcel y la etapa de docente en la Universidad de Princeton que le acogió tras ser expulsado de la docencia española en 1965 y donde depositó una parte de sus archivos, que no podrán ser consultados hasta el 2036, al cumplirse los cincuenta años de su muerte.

Pero el material entregado a la universidad norteamericana no incluía la totalidad de los archivos, documentos y objetos acumulados por el exalcalde a lo largo de una vida muy activa. Fotografías, vídeos, ensayos, poesía y textos de diverso contenido se conservaron durante años en estanterías, cajones y archivos familiares en una casa de campo, pero nunca fueron clasificados ni ordenados.

Especializada en la masonería
Enrique Tierno Pérez-Relaño, hijo único del exalcalde, decidió en su día que la última memoria documental de su padre debía tener un destino público, una biblioteca, para facilitar la consulta de historiadores y público en general.

Descartó la alternativa madrileña y decidió que fuera Barcelona la receptora, en concreto la Biblioteca Arús, especializada en movimientos sociales y con uno de los mejores fondos históricos relacionados con la masonería. Pérez-Relaño, ya residente en Barcelona, trató esa posibilidad con Jordi Farrerons, gran maestre masón de la Gran Logia Simbólica Española (GLSE), y con Josep Brunet, responsable de la Biblioteca Arús.

Siguieron después las consultas con el Ayuntamiento de Barcelona, nada fáciles por el temor municipal al conflicto institucional que podía suponer la cesión de las memorias de un edil de Madrid a un equipamiento cultural barcelonés. Resueltas suspicacias y cuestiones burocráticas, el 13 de marzo del 2012, el alcalde de Barcelona, Xavier Trias, Jordi Farrerons y Enrique Tierno Pérez-Relaño firmaron el convenio para la donación del material acumulado.

Inventario minucioso
Ese acuerdo establece que Pérez-Relaño cede el archivo a la GLSE y, “por razones de espacio” y para conseguir “una mayor difusión”, que sea depositado en la Biblioteca Arús, “dado que esta tiene un fondo especializado en humanismo y pensamiento social”. En el mismo convenio, Xavier Trias acepta que la propiedad de la donación sea compartida por la logia masónica y la Biblioteca Arús y se determina que la documentación permanezca “unida y ubicada” en la sede de este equipamiento. La donación incluye asimismo los documentos en poder de particulares, centros docentes de Europa y América y, en especial, los depositados “en la universidad de Princeton”.

La biblioteca detalló en un minucioso inventario de 63 puntos el contenido de las treinta cajas, con más de 500 fotografías, 18 archivadores, álbumes, grabaciones de conferencias, datos de campañas electorales, artículos de prensa, carpetas con textos relativos a la actividad política y privada del exalcalde, ensayos, poemas, y correspondencia con Willy Brandt, Victoria Kent y otros exiliados españoles. El material llegó a Barcelona en malas condiciones, incluso con hongos, y fue tratado con minuciosidad para evitar que progresara su degradación. Se cambiaron algunos archivadores deteriorados y toda la documentación fue depositada en estanterías a la espera de la adecuada restauración y catalogación. Hasta hoy.

Sin dinero para la catalogación
Ocho años después de su llegada a Barcelona, nadie ha podido consultar el archivo de Tierno Galván porque el material está almacenado pero no inventariado. La biblioteca ha sido durante ese tiempo un refugio protector pero el contenido de aquellas treinta cajas sigue siendo un revoltijo de fotografías y textos y no un archivo vivo, apto para consultas y mejor comprensión de la gura de un alcalde y una parte de la historia de Madrid y de España. Maribel Giner, actual directora gerente, señala que el presupuesto ordinario del centro no permite contratar especialistas que cataloguen el material, tarea imprescindible para poner el archivo a disposición del público.

Los investigadores que han solicitado acceso al material han obtenido invariablemente una respuesta negativa, a la espera de un trabajo siempre pendiente. La Biblioteca Aús dispone de un presupuesto que apenas supera los 250.000 euros, 247.000 a cargo del Institut Municipal de Cultura y otros 10.000 de la Diputación, importes con los que se cubren los gastos ordinarios y los sueltos de tres trabajadores: directora gerente, bibliotecaria y administrativo.

Nunca ha habido aportaciones extras para el archivo de Tierno Galván. La biblioteca solicitó en su momento ayuda y colaboración al Arxiu Nacional de Catalunya, petición denegada con el argumento de que el archivo del exalcalde no contiene material de procedencia catalana.

Compromisos incumplidos
Los firmantes del acuerdo de marzo del 2012, un alcalde y una logia masónica, no han cumplido los compromisos adquiridos. El Ayuntamiento de Barcelona no ha mostrado el más mínimo interés por sacar del olvido un archivo que debía conservar, proteger y poner a disposición del público y el convenio firmado por un alcalde en nombre de la ciudad ha quedado reducido a mero acto protocolario. Tampoco la Diputación se ha interesado por el legado y Pérez Relaño, al parecer por cuestiones de salud, ha rechazado comentar la situación del archivo de su padre.

Resulta aún más extraño el comportamiento de la Logia Simbólica Española, copropietaria del archivo, que en ningún momento ha exigido el cumplimiento de los acuerdos firmados. El gran maestre de la logia es hoy Xavier Molina que acepta la nula presión que la institución que preside ha hecho para lograr que la documentación del exalcalde se pusiera a disposición del público. Según Molina, los primeros contactos para la cesión del archivo se establecieron hacia el 2011 en la sede de la logia en Barcelona, frecuentada por Pérez-Relaño, pero, una vez firmado el convenio, esta agrupación se desinteresó por el tema y tampoco presionó al Ayuntamiento para evitar que el archivo cayera en el olvido. “Los masones no somos ricos”, añade Molina, “pero sí es cierto que algo deberíamos hacer”.

Quizá Tierno Pérez-Relaño se equivocó al elegir Barcelona como último destino del archivo de su padre.

La Biblioteca Arús, el legado para la instrucción del pueblo trabajador
¿Biblioteca o museo? Un fondo documental de 75.000 volúmenes acreditan lo primero, y su estética e historia aceptarían sin dudar la segunda acepción. Todo eso es la Biblioteca Arús, uno de los equipamientos culturales más interesantes de Barcelona y a pesar de ello uno de los más ignorados, con una actividad que ha menguado al ritmo que lo hacía el personal que la atiende. El centro cumplió 125 años de existencia el pasado 24 de marzo, aniversario silenciado por el coronavirus y el olvido municipal.

Rosend Arús, masón, librepensador, filántropo, empresario teatral, cofundador del Centre Català, dejó dispuesto por vía oral a su muerte, en 1891, que se construyera una biblioteca para “la instrucción del pueblo trabajador” en el edificio donde él había nacido, el actual número 26 del paseo de Sant Joan. Cuatro años más tarde se inauguró el centro tras una reforma en la que participaron el arquitecto Bonavenura Bassegoda y notables artesanos como el escultor Manuel Fuxà y el ebanista Joan Sunyol. La biblioteca abrió sus puertas con 24.000 volúmenes que aún se conservan, un fondo documental que ha aumentado hasta convertirse en valioso material de investigación de los movimientos obreros y masónicos, especialmente de los siglos XIX y XX. En el 2011 se incorporó la colección de Joan Proubasta con material diverso sobre Sherlock Holmes.

El acceso a la Biblioteca Aús no se distingue entre los edificios de aquella parte del Eixample, apenas un hermoso farol de metal y vidrio sirve de orientación al visitante. Esta discreción puede ser, en parte, la explicación por la que su valioso contenido no acabara en la hoguera de las furias franquistas contra la masonería. La biblioteca cerró en 1939 y reanudó sus actividades en 1967 con sus fondos documentales íntegros porque, incomprensiblemente, las airadas ideologías de la Guerra Civil y la dictadura respetaron el edificio del paseo de Sant Joan. Conocedores de aquella parte de la historia explican que la siempre discreta presencia de masones en esos dos periodos pudo actuar como escudo protector para evitar que libros, símbolos, incunables, partituras, documentos cartográficos, muebles y esculturas acabaran destruidos, quemados, en cualquier calle barcelonesa.

La alcaldía preside el patronato
Ese milagro laico de supervivencia añade un plus de interés al contenido y a la historia del reducido espacio de la biblioteca. El acceso por la escalera de honor, que recuerda al santuario griego de Atenea, sitúa al visitante en un entorno donde pocas cosas han cambiado en los últimos 125 años: una impresionante estatua de la Libertad, reproducción a menor escala de la que el pueblo francés regaló al norteamericano, la sala de lectura con el techo formado por nueve plafones que reproducen centros culturales del mundo, paredes con los nombres de personajes destacados de la ciencia, la sala de exposiciones, el pasillo, las salas de lectura y de música y, en almacenes no accesibles, miles de libros, documentos y folletos.

¿Quién rige la Biblioteca Arús? La responsabilidad directa recae sobre el alcalde o alcaldesa de Barcelona, presidentes del patronato responsable del centro e integrado, además, por dos concejales de ese consistorio, dos miembros de las academias de Bones Lletres y de las Ciències i Arts y cuatro ciudadanos, personajes todos ellos notables, sin duda, que no han logrado dar el trato debido a una de las joyas de la cultura barcelonesa. A pesar de ese olvido oficial, la Biblioteca Arús, escondida tras un farol de cristal esmerilado, sigue a disposición de la “instrucción del pueblo”, abierta para quienes quieran consultar sus fondos o, simplemente, recorrer sus instalaciones. Si esta es la opción, el visitante encontrará en el personal del centro a guías tan entusiastas en romper el silencio y el olvido en el que parece postrado el legado de Rosend Arús.

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El 12 de enero de 1989, Pasqual Maragall entregó a la entidad firmante -Grup de Transports Urbans de la Associació d’Amics del Ferrocarril (AAFCB)- el importe del galardón, 638.000 pesetas, con el compromiso de definir y ampliar la iniciativa.

Cinco alcaldes y treinta años después, la creación del museo sigue en vía muerta tras bailar su emplazamiento por no menos de media docena de distritos.

Nunca hubo dinero para el proyecto, tampoco mucho interés, y la iniciativa se difumina ahora en una velada idea enfocada en el 2024, fecha en que se conmemorará el centenario de la primera línea de metro de Barcelona. A la espera de esa enésima propuesta, decenas de vehículos siguen desperdigados por la ciudad, almacenados con insuficiente protección y víctimas del vandalismo.

En el tiempo transcurrido desde que aquella entusiasta entidad optara por Faci d’alcalde, nunca el Ayuntamiento ni TMB han rechazado la idea de crear un museo del transporte público que recogiera el patrimonio histórico de vehículos que de diferente manera han prestado servicio a la ciudad. El museo debía evitar que acabaran convertidos en chatarra, olvidados o condenados al desguace el centenar largo de tranvías, coches de bomberos, de limpieza y vagones de metro que aún se conservan.

El proyecto museístico, ni desechado ni concretado, se ha ido desmigando a lo largo de los años en proyectos confusos de la administración municipal, de TMB, de la Generalitat, y en localizaciones temporales, traslado de vehículos, decisiones contradictorias, costosas e inútiles, distribución de vehículos en naves inaccesibles al público y no siempre en las mejores condiciones de protección. Ese almacenamiento es justo lo opuesto al museo solicitado, abierto a la ciudad, escenario digno para un patrimonio único, irrepetible y atractivo.

De Montmeló a Pobla de Lillet
El andar y desandar de vehículos comenzó el mismo día de la entrega del premio, cuando Pasqual Maragall anunció que el museo no iría a la Estació del Nord sino a Montmeló, como parte de la Ciutat de la Mobilitat vinculada al circuito de Fórmula 1, utópico proyecto que, probablemente, ni siquiera superó los muros del Saló de Cent donde se cerró el concurso Faci d’Alcalde.

A modo de huida hacia delante, el ayuntamiento encargó a Amics del Ferrocarril el inventario de una amplia relación de material de transporte público que debía incluir vehículos de bomberos, coches funerarios, taxis, obras públicas, tartanas y carruajes diversos. Un listado de lujo sin objetivo definido. Mientras cuatro socios de la entidad iniciaban ese trabajo surgieron informaciones que no presagiaban nada bueno para el contenido del peleado museo: los tranvías conservados en Poblenou, almacenados pero no protegidos, debían retirarse porque las cocheras de Pere IV se derribaban para construir pisos.

¿Qué hacer con los tranvías? TMB propuso su traslado a la Pobla de Lillet, a una especie de almacén-museo que contaba con ayudas de la Generalitat, naves casi al aire libre que no ofrecían protección para el material antiguo. Surgió también la oferta de coleccionistas privados de Ejea de los Caballeros, Zaragoza, apoyada por Amics del Ferrocarril, con el compromiso de devolver a Barcelona todo el material si se construía el museo.

Tras un año de pugna, el 7 de mayo de 1990, el lote de tranvías se completó con autobuses y coches de bomberos que partieron hacia el Bergadà, viaje inútil porque la localización resultó un fracaso y años después, en el 2007, TMB se vio obligada a repatriar los vehículos, alguno de ellos en peor estado del que habían mostrado en el viaje de ida. En junio de 1990 se presentó el inventario encargado por el ayuntamiento, un amplio listado y fichas técnicas de material histórico en poder de la administración pública, coleccionistas y empresas privadas. En octubre, el ayuntamiento felicitó a Amics del Ferrocarril por el buen trabajo realizado. Y poco más.

De viaje por Europa
Durante los últimos años el ayuntamiento no ha abandonado la idea de creación del museo, pero ha sido incapaz de concretarla y ha acumulado despropósitos y decisiones muchas veces absurdas. El Museo de Transporte ha sido un proyecto itinerante y fracasado que ha recorrido prácticamente toda Barcelona sin detenerse en ningún rincón. El viaje que pudo comenzar en la Estació del Nord tuvo su frustración olímpica en el edificio del Dipòsit de les Aigües, en la calle Wellington, donde en otoño de 1990 los bomberos proyectaban trasladar sus vehículos históricos, pero 1992 quedaba ya muy próximo y las prioridades eran otras.

El penúltimo desatino de aquel año fue el contrato a una empresa consultora de la redacción de lo que quería ser el Museo Catalán del Transporte, encargo que incluía diversos viajes para captar ideas de cómo las ciudades europeas exponían su material ferroviario histórico. Un proyecto ambicioso del que se ignora su presupuesto, aunque sí ha quedado constancia de su fracaso.

El Born, Sants, Lutxana, Zona Franca, Fabra i Coats, Bon Pastor, Horta… antiguas y nuevas cocheras, edificios y naves industriales sin uso han sido interminables propuestas para acoger un patrimonio ahora desperdigado y olvidado.

Josep Lluís Gràcia, promotor hace treinta años de la iniciativa Faci d’Alcalde y miembro de Amics del Ferrocarril, considera que ni Generalitat ni Ayuntamiento valoran los viejos vagones y autobuses como patrimonio propio, “como material irrepetible, historia de la movilidad pública de Barcelona, vehículos que participaron en la guerra civil, tranvías que por primera vez pudieron conducir mujeres y que forman parte de la evolución de nuestra sociedad”. Todo eso, dice, está “olvidado, desprotegido y mal conservado”.

Vandalismo en el Triangle, en vivo y en directo
Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ya no es la titular única de los vagones de metro, autobuses y tranvías antiguos que siempre han constituido su patrimonio histórico. La propiedad de ese material pasó en julio del 2010 a la Fundació TMB, formada con patrones públicos y privados: las tres empresas de transporte englobadas en TMB además de la ONCE y ECOM, grupos vinculados al sector de la discapacidad. Los estatutos de la nueva fundación determinan que su objetivo es “la conservación y protección de los bienes del patrimonio histórico y cultural de la empresa del que forman parte más de 60 vehículos (…) que pasan a ser propiedad de la fundación”. A la vista de los resultados no parece que ese organismo haya cumplido con rigor los compromisos asumidos.

La mayor parte de esos 60 vehículos, ya propiedad de la Fundació TMB, se encuentra en la actualidad en las cocheras de El Triangle, en Sagrera, en una planta soterrada. El recinto dispone de cámaras que en más de una ocasión han grabado el acceso de intrusos a las instalaciones que han saqueado vagones y autobuses sin que el servicio de vigilancia lo impidiera. Alguna de las unidades destrozadas habían sido restauradas con anterioridad.

El pasado 31 de enero Josep Lluís Gràcia, miembro de Amics del Ferrocarril, se dirigió por escrito al consejo asesor de la Fundació TMB para denunciar “negligencia clara en la custodia de material que debe ser protegido”. Se refería a los destrozos que los grafiteros habían causado a vehículos almacenados en El Triangle, y citaba a modo de ejemplo tres maltrechos coches de 1929 que habían sufrido daños de toda índole. Gràcia añadía que los servicios de vigilancia no habían actuado ni requerido la presencia de los Mossos y que, en cualquier caso, estos no habían impedido los actos delictivos.

No han sido esos los únicos vehículos dañados, perdidos por negligencia y falta de la atención debida. Vagones de metro abandonados en l’Hospitalet acabaron en el desguace y un vagón histórico depositado en Can Buxeres fue depositado con grúa en vía muerta donde acabó destrozado.

Entrada prohibida
El recinto de El Triangle donde se almacena el patrimonio histórico de TBM es inaccesible para el público en general, no admite visitas de particulares y ni siquiera miembros de Amics del Ferrocarril tienen acceso al mismo. Carrer solicitó autorización para visitar ese espacio, petición denegada “por motivos de seguridad laboral”. El portavoz TMB ha argumentado que los vehículos se encuentran detrás de los talleres y ese emplazamiento impide la presencia de visitantes.

Amics del Ferrocarril también ha visto denegada en varias ocasiones su solicitud para visitar ese almacén y poder controlar el estado de conservación de los vehículos. TMB rechaza que el material histórico esté abandonado, “se restaura en talleres especializados” pero acepta que, “en ocasiones”, grafiteros acceden a las instalaciones y destrozan lo que encuentran: “entran por todas partes, son muy rápidos y no podemos actuar”. Sin vigilancia efectiva frente al vandalismo, sin acceso al público, sin control por parte de las entidades interesadas en su conservación, el material histórico del transporte público de Barcelona duerme hoy en una especie de catacumba, escondido, a la espera de no se sabe qué.

Solo dos citas fijas anuales
Solo algunos vehículos gozan del privilegio de lucir su palmito en la vía pública. El tren histórico sale una vez al año, asegura el portavoz de TMB, pero sin fecha fija, y el Rally de autobuses clásicos, con exhibición previa en el paseo de Maria Cristina, son las dos citas habituales que permiten a los barceloneses ver vehículos antiguos en los que quizá viajaron alguna vez.

¿Y el museo? El citado portavoz añade que en la actualidad no hay proyecto ni propuestas concretas y tampoco “recursos ni espacio adecuado”. Una vaga idea que circula por TMB se centra entre los actos que se preparan para conmemorar el centenario de la inauguración de la primera línea de metro, en diciembre de 1924, entre plaza de Catalunya y Lesseps. La compañía piensa ahora en una exposición junto a las cocheras de Horta y la nave terminal de la línea 5 del metro, un espacio soterrado aún por concretar y adecuar.

El proyecto, sin financiación prevista, no deja de ser una enésima idea más que se suma a las que han ido surgiendo a lo largo de los últimos treinta años. El Museo del Transporte, de momento, ni está ni se le espera.

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Tres alcaldes socialistas y un convergente permitieron el abandono de ese edificio, desidia a la que ahora se ha sumado la administración de Barcelona en Comú, incapaces todos ellos, los de ayer y los de hoy, de frenar el abandono de una construcción ya ruinosa, sin techumbre, con ventanas desvencijadas, muros a punto de perder la verticalidad y con hierbajos ocupando el espacio interior.

La calamitosa situación del llamado palacio puede suponer, incluso, un riesgo para los 230.000 visitantes que cada año recorren el recinto del Laberint, un hermoso parque histórico y probablemente una de las zonas verdes más interesantes de la ciudad.

Partida desaprovechada
El último despropósito lleva fecha de marzo del 2017, cuando el gerente del Instituto Municipal de Parques y Jardines, Jordi Ribas, informó de la existencia de una partida de casi dos millones de euros destinados a apuntalar el edificio y realizar trabajos básicos estructurales, a la espera de que el siguiente presupuesto permitiera afrontar una restauración más sólida de los restos del palacio.

Año y medio después, los trabajos mínimos de mantenimiento no se han realizado, los dos millones de euros han tenido otro destino y el presupuesto del 2018 olvidó de nuevo al abandonado palacio de Alfarrás. La decisión de postergar la rehabilitación del edificio correspondió en su día a la comisión de gobierno municipal, con el consentimiento de las concejalas Janet Sanz, responsable de urbanismo y ecología, y Mercedes Vidal, presidenta de Horta-Guinardó, distrito donde se sitúa el parque del Laberint.

Políticos y técnicos son conscientes de que el edificio está cada día peor y que su precaria situación puede implicar problemas de seguridad para los visitantes, hasta el extremo de que las cuarenta personas que trabajan en el mismo tienen la orden de cerrar el recinto, o el entorno más próximo al edificio, en el caso de advertir la caída de materiales procedentes del mismo.

Jordi Ribas asegura ahora que el palacio del marqués de Alfarrás se ha incluido en el plan director de los casi cuarenta parques históricos de la ciudad, y que cada uno de ellos dispondrá de presupuesto para un mínimo mantenimiento. El edificio del Laberint dispone ya, al parecer, del proyecto de mejora estructural y esas obras deberían ser una prioridad técnica para el 2019, al margen, incluso, de las decisiones del nuevo equipo de gobierno que se forme a partir de las elecciones municipales del próximo mayo.

Ayudas de la Unión Europea
El parque del Laberint ocupa nueve hectáreas en una ladera de la sierra de Collserola, muy próximo a la Ronda de Dalt. Tiene su lejano origen en una torre de defensa del siglo XI, cuyos restos se conservan en la actualidad y aprovechados en posteriores construcciones.

En 1794, Joan Antoni Desvalls, marqués consorte de Alfarrás, encargó al arquitecto italiano Domenico Baggutti la creación de un jardín neoclásico en la finca que la familia tenía en el entonces municipio de Horta. En sucesivas reformas y ampliaciones intervinieron el jardinero francés Joseph Delvalet y, ya en el siglo XIX, el arquitecto Elias Rogent. El resultado final de esos cambios ha sido un parque con una mezcla de estilos, con esculturas, estanques y un magnífico laberinto central de 750 metros formado por cipreses recortados.

El Ayuntamiento de Barcelona compró el recinto a la familia Desvalls en 1967 y cuatro años después se abrió al público tras una somera restauración completada en 1994 con fondos de la Unión Europea. La rehabilitación se aplicó parcialmente al palacio del marqués de Alfarrás, situado a la entrada del parque, de estilo neomozárabe, pero la escasa sensibilidad municipal, de entonces y de ahora, hizo que la mejora solo alcanzara una parte de esa construcción, de forma que su imagen actual muestra una mitad del edificio en buenas condiciones para acoger oficinas del Instituto de Parques y Jardines mientras, pared con pared, la otra mitad se cae de puro abandono. Algo así como el caso de Doctor Jekyll y Mister Hyde trasladado a una propiedad pública.

¿Cómo se explica la coincidente desidia de tres administraciones municipales de ideología distinta a lo largo de 25 años? Quizá porque, mal que nos pese a los ciudadanos, el ejercicio del poder tiene vicios comunes a todas las sensibilidades políticas y, en el caso que nos ocupa, la valoración del problema es inversamente proporcional a las miradas que lo controlan.

El parque del Laberint está en un extremo de la ciudad y sus visitantes prestan más atención a la zona verde que al edificio que dejan a sus espaldas nada más entrar en el recinto, así que las inversiones no se han aplicado en los restos de este palacio alejado y se concentraron en obras con mayor rentabilidad política. Y es evidente que, sin crítica, el interés de tres administraciones municipales se ha relajado.

La negligencia tiene un precio
Los sucesivos gobiernos municipales han rechazado asumir directamente el costo de la restauración del edificio y han buscado, sin éxito, usos ajenos para que la iniciativa privada asumiera los costes. A lo largo de los años se ha especulado con la posibilidad de convertirlo en centro de la Fundació Joan Brossa, sede de la Casa de Marruecos o mezquita, entre otros muchos destinos, pero el maltrecho estado de la construcción no ha sido nunca un acicate para el hipotético entusiasmo de los aspirantes a su utilización. Lo único cierto es que la restauración que hace unos pocos años hubiera costado un par de millones de euros ha aumentado ya hasta unos 15. Hoy, técnicos y políticos tienen ya la certeza de que la mitad mister Hyde del palacio de Alcarrás o se recupera con fondos públicos o se recogen sus escombros.

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Ese día, el constructor creyó dar con la fórmula magistral para vincular su particular concepto de ciudad vinculado al ladrillo con la mejora del patrimonio del club que presidía desde 1978. Su solución era fácil: Recalificación del suelo, 1.600 pisos, 14.800 metros cuadrados de locales comerciales, 6.200 para bares y restaurantes, 26 salas de cine, tres museos, cuatro pabellones temáticos -deporte, cine, NBA…-, salas de convenciones, áreas de actividad lúdica y empresarial y agencia de viajes. Todo ello para una zona de 23 hectáreas de suelo urbano calificado en su mayor como equipamiento deportivo.

Era el verano de 1999 y ese boceto de parque temático pasó a conocerse como Barça 2000. Fue el inicio de una historia, no de amor precisamente, que cumple ahora 18 años y en la que han intervenido cuatro alcaldes, cinco presidentes del Barça y un presidente en funciones.

El escenario ha sido siempre el mismo, el distrito de les Corts, y tampoco han variado los protagonistas, vecinos, asociaciones y profesionales del urbanismo que han mantenido con tenacidad su oposición a operaciones especulativas que no tienen en cuenta los intereses generales de Barcelona.

La incontinencia de Núñez
El verano de 1999 fue en les Corts el verano de pancartas en balcones y ventanas. Todas contra el Barça 2000. El 16 de septiembre se celebró la primera de las grandes manifestaciones, más de mil personas que desfilaron por la Travessera de les Corts para acabar ante el Camp Nou.

El mismo día, vecinos de Sant Martí salieron a la calle para reclamar la cobertura de la Gran Via, los de Poble Sec para evitar el cierre del parque de bomberos de la calle Lleida y los de Sarrià contra las molestias de tráfico que generaba el aparcamiento del complejo de Piscinas y Deportes -¡aquella batalla perdida!-, abierto apenas hacía dos meses. Aquel 16 de septiembre fue un viernes glorioso.

La plataforma cívica contra el Barça 2000 la integraron entidades de la zona de influencia del faraónico plan de Núñez, habitada por 180.000 habitantes de les Corts y l’Hospitalet. Una treintena de arquitectos firmaron uno de los manifiestos más claros y rotundos que los profesionales del urbanismo han lanzado contra un proyecto urbanístico, con argumentos técnicos y morales contra el plan especial aprobado inicialmente por el Ayuntamiento.

La incontinencia verbal de José Luis Núñez no ayudó precisamente a calmar la polémica. El presidente del Barça, con su habitual habilidad política, clamó con dureza contra un líder vecinal, al que tildó casi de proxeneta por ofrecer más apoyo a las prostitutas de les Corts que a la nueva estética que el plan ofrecía al barrio. En otro momento estelar de aquel verano del 99, Núñez, molesto con la política informativa de TV3, equiparó la relevancia de la presidencia del Barça con la de la Generalitat.

Y a todo esto, ¿qué decía Joan Clos? El alcalde de Barcelona mantenía su habitual distanciamiento de los problemas, pendiente del nivel de la crítica de entidades y vecinos, con los que nunca se reunió. Clos, Xavier Casas, responsable de Urbanismo, y Ricard Fayos, director de Planeamiento, jugaron a nadar y guardar la ropa, intentando no devaluar las propuestas del club ni rechazar del todo la crítica ciudadana. Esta supuesta equidistancia se mantuvo hasta que la oposición vecinal superó los límites de les Corts y tuvo eco en colegios profesionales, editoriales de la prensa y artículos de firmas ilustres, como el que Ernest Lluch publicó en marzo del 2000, ocho meses antes de su asesinato.

Con el suflé del plan bajo mínimos, en julio de ese año, Joan Gaspart sustituyó a Núñez en la presidencia, pero para entonces el club ya no consideraba “prioritario” el proyecto de Núñez y el ayuntamiento dejaba en suspenso la ejecución del mismo. La contrapartida municipal fue rápida. En diciembre del 2001, sin información previa a los vecinos, Joan Clos presentó el proyecto del Portal del Coneixement, un pretendido plan director de les Corts, especie de pararrayos para frenar el rechazo vecinal. El barrio mantuvo su postura pero las exigencias del club se diluyeron y la fuerza municipal se centró el Fòrum del 2004, aquel remedo de los Juegos del 92 que nunca entusiasmó a los barceloneses.

El Portal del Coneixement
El Portal del Coneixement languideció en los despachos municipales, les Corts siguió recordando que era un erial en cuestión de equipamientos públicos y el FC Barcelona, ya con Joan Laporta en la presidencia, insistió en su deseo de cambiar la imagen del estadio. En septiembre del 2007 el club presentó a bombo y platillo el proyecto del arquitecto Norman Foster que convertía el exterior del Camp Nou en un multicolor envoltorio de baldosas, a modo de velado homenaje a Antoni Gaudí.

El nuevo estadio tenía un presupuesto próximo a los 300 millones de euros. Frente a las aspiraciones del Barça, el Ayuntamiento, con Jordi Hereu en la alcaldía, aplicó la máxima ya utilizada en otras ocasiones en la historia del urbanismo barcelonés: Dígame usted cuánto dinero necesita y le recalificaré lo que sea necesario.

Y lo que el Barça pedía era la recalificación del Miniestadi para construir 1.624 pisos y locales comerciales y hoteles en una zona habitada por 40.000 personas, 25.000 de Barcelona y 15.000 de l’Hospitalet. En mayo del 2010 el pleno aprobó la modificación provisional del Plan General Metropolitano con los votos favorables del PSC, CiU y ERC, los negativos de ICV y PP y el numantino rechazo de los vecinos de les Corts. Por aquellas fechas ya se sabía que Laporta dejaba el club para iniciar su carrera política y que el nuevo presidente sería Sandro Rosell.

También era notorio que la crisis económica había calado hondo y que iba a ser difícil encontrar compradores para las 1.624 viviendas del Miniestadi. En consecuencia, quedó en suspenso el enésimo plan del FC Barcelona, ese vecino incómodo de les Corts.

Josep M. Bartomeu sustituyó a Rosell en la presidencia del club; Xavier Trias a Hereu en la alcaldía, y Ada Colau a Trias. Y vuelta a empezar. Ahora toca Espai Barça.

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Y durante ese tiempo, la degradación de los edificios ha aumentado, la suciedad es notoria y, aseguran, la lista de agravios es ya excesivamente larga. El territorio que ha generado esta polémica no es visible para la mayoría de vecinos y peatones, y esa falta de visibilidad puede ser una de las razones por las que al ayuntamiento no le haya importado en demasía afrontar el problema. Si la degradación no se ve, el deterioro no existe.

La zona afectada corresponde a la modificación del Plan General Metropolitano (PGM) de la calle de Juan de Sada y un tramo de la calle de Roger. A grandes rasgos se trata de una reducida trama urbana medieval de estrechos viales, una isla en el interior del cuadrado limitado por rambla del Brasil, avenida de Madrid y calles de Sants y Portbou que en la década de los cincuenta acogió barracas y que conserva vestigios de la historia del barrio: restos de una calzada romana, destartalados y peligrosos talleres, edificios abandonados y un refugio de la guerra civil.

La intervención urbanística que debía regenerar la zona, ordenar la construcción, prolongar calles y reservar espacio para zonas verdes y equipamientos se aprobó antes del verano del 2009 bajo el mandato del alcalde socialista Jordi Hereu. Los vecinos no pudieron participar en el proceso de modificación del PGM porque fueron informados un día antes de su discusión en el pleno, y la aprobación definitiva de la Generalitat tampoco tuvo en cuenta las propuestas de la Asociación de Vecinos de Badal, Brasil, Bordeta ni las de la comisión de afectados por el proyecto de Juan de Sada. Solo los propietarios privados dispusieron de tiempo suficiente para presentar alegaciones.

Los grandes propietarios de la zona
El plan aprobado aumentó la densidad de viviendas y altura de los edificios programados y pasó por alto la necesidad de esponjar la trama urbana de la zona. Los 107 pisos previstos quedaron distribuidos en edificios de hasta seis plantas en calles estrechas, y las zonas verdes se situaron en espacios perdidos. Además, las previsiones municipales olvidaron incluir el refugio de la guerra civil, en el subsuelo de la calle Juan de Sada, cuya recuperación y acceso habían solicitado los vecinos que tuviera la consideración de equipamiento.

En mayo del 2011, los socialistas pierden las elecciones municipales y el convergente Xavier Trias se convierte en alcalde. Los vecinos exponen de nuevo la inexistencia del proceso participativo en el plan de Juan de Sada y la respuesta es idéntica a la recibida bajo el mandato de Hereu: la modificación del PGM tiene aprobación definitiva y nada se puede hacer.

Pero algo sí había cambiado de un alcalde a otro. En el 2013, próximo ya el vencimiento de los plazos para la ejecución el plan, el desinterés que los grandes propietarios beneficiados por la mejora de la zona -Construcciones Fisas y Hierros Herms- se transformó en rapidez para concretar el proyecto de urbanización y constituir la junta de compensación. Las alegaciones vecinales son rechazadas.

Dos años después, los convergentes pierden las elecciones y Ada Colau llega a la alcaldía. Vuelta a empezar porque los nuevos concejales dicen no estar informados sobre lo que ocurre en aquel rincón del barrio y tampoco parecen muy dispuestos a aceptar la participación vecinal y romper con ello la dinámica de los dos consistorios anteriores.

¿Y qué piden los vecinos desde hace casi veinte años? En síntesis, disminuir el número de viviendas y una altura de los edificios en consonancia con la anchura de las calles -apenas 14 metros-, zonas verdes amplias, plazoletas que no se sitúen en rincones perdidos y renovación de espacios históricos como el refugio de la guerra civil o el callejón de les Ànimes.

Tejados de uralita
Tomàs Gisbert y Alfredo Martínez, miembros de las dos asociaciones que han mantenido la pugna con tres consistorios, aseguran que las plusvalías que generará la aplicación del plan solo benefician a constructoras y grandes propietarios, que las entidades vecinales han sido discriminadas por tres alcaldes de ideología diversa y que las escasas inversiones municipales exigen un mejor trato para la zona afectada.

Recuerdan, además, que la única zona verde del barrio es la plaza de la Olivereta, urbanizada gracias a la construcción de un aparcamiento en su subsuelo, y que la degradación de algunos locales exige la urgente intervención municipal. Hay viviendas en estado lamentable y viejas naves abandonadas con tejados de amianto, exactamente 35.000 metros cuadrados de techos de uralita, según la información facilitada por el gerente del distrito, que exigieron este verano la intervención de los bomberos. A pesar de todo, la concejala del distrito de Sants-Montjuïc, Laura Pérez (BComú), ha comunicado a los vecinos que carece de argumentos suficientes para defender los cambios solicitados.

¿Futuro? Las dos entidades vecinales mantienen su postura. Exigen que sus peticiones sean tenidas en cuenta. Añaden que llenarán el barrio de pancartas y, si es preciso, pararán las máquinas en el caso de que comiencen las obras que pongan en peligro los cambios exigidos. Tras 18 años y tres alcaldes todo sigue igual.

El refugio 1513 y la calzada romana
El reducido ámbito del plan de la calle Juan de Sada y su entorno tiene dos elementos especiales cuyas peculiaridades los vecinos exigen mantener: un refugio de la guerra civil y vestigios de una calzada romana.

El primero está clasificado con el número 1513, construido en 1937, entre la actual avenida de Madrid y Violant d’Hongria, un túnel de unos 140 metros de longitud por 2,40 de anchura y tres de altura, e inicialmente dispuso de cinco accesos en avenida de Madrid, Juan de Sada y Roger. La documentación y planos de este refugio aparecen en el Atlas dels refugis de Barcelona, editado por el Ayuntamiento de Barcelona en el 2002. La unidad de subsuelo de los Mossos d’Esquadra realizó hace unos cinco años una minuciosa inspección del túnel y sus condiciones y el informe correspondiente se publicó en el 2013.

Los vestigios de la calzada romana en Sants-Badal son un verdadero ejemplo de supervivencia a los muchos cambios experimentados en el territorio a lo largo de los siglos, en especial los de los últimos años, por ejemplo la construcción de la avenida de Madrid. La calzada es una variante de la Via Augusta que en el tramo de Sants-Badal seguía por las calles de Sant Crist y les Ànimes para desembocar en la carretera de Collblanc a la altura de Arizala. Las dos primeras calles son hoy pasajes con un entorno abandonado y muestrario continuo de excrementos caninos.

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