A Juan Carlos Tajafuerce, profesor de instituto, le invade un sentimiento de cabreo e impotencia. Nació y se crió cerca del Parque Güell. “La entrada fue siempre libre para los vecinos”, recuerda con añoranza, “y no olvidemos que durante décadas fue el único espacio verde que tuvimos los habitantes de los alrededores: allí transcurrió mi infancia y la de toda la gente del barrio”. Esto fue así desde que abrió sus puertas como equipamiento público, en 1926, hasta 2015, año en que el Ayuntamiento estableció dos zonas: una monumental, accesible previo pago, y otra de parque urbano, gratuita.
Pero el pasado 1 de junio el Gobierno de Ada Colau dio otra vuelta de tuerca promulgando una nueva normativa de acceso. ¿El motivo oficial? Controlar la afluencia de turistas, considerada excesiva. Según la nueva regulación del parque, solo pueden entrar libre y gratuitamente los empadronados en los barrios colindantes -el Carmelo, la Salut, Vallcarca, el Coll, Can Baró y el Baix Guinardó-, a los que se concedió un pase de libre acceso. También pueden hacerlo quienes posean el carné de una escuela del entorno. El resto de barceloneses deberá registrarse en un servicio denominado Gaudir Més, solicitando cita previa en una Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) o por internet, en la Oficina de Trámites Virtuales municipal. Esta última forma de registro requiere poseer algún medio de identificación digital -idCAT Móvil, cl@ve PIN o certificado digital-. Una vez registrado, se ha de obtener un tique de entrada el día de la visita, que solo será válido para esa jornada. Los turistas -sean del resto de España o de cualquier otra parte del mundo- deben pagar por entrar.
El problema empieza cuando el vecino que vive cerca del Parque Güell no pertenece un barrio colindante. “La acera donde está mi casa”, señala Tajafuerce, “pertenece administrativamente a la Taxonera, que no es colindante, mientras que la de enfrente forma parte del Carmelo, que sí lo es. Una acera me impide entrar y salir de mi parque libremente, como he hecho toda la vida”. El vecino va más allá del agravio fronterizo y denuncia “que un Ayuntamiento que se dice de izquierdas, gobernado por un partido que pone énfasis en denunciar la brecha de género, implante una forma de acceso que genera una brecha digital, pues ni las personas mayores -que desconocen cómo navegar por internet o cómo obtener un medio de identificación digital- ni las más pobres -que no pueden costearse un ordenador o una conexión- podrán registrarse en Gaudir Més”.
Hablan las entidades vecinales
Joan Miquel Malagelada es miembro de la AV del Park Güell-La Salut-Sanllehy, un barrio colindante. Sobre la polémica, advierte que “el tema es complicado jurídicamente, ya que la legislación europea no permite discriminar a los ciudadanos por razón de nacionalidad a la hora de acceder a bienes y servicios: si la entrada es gratuita para un español, debe serlo también para un francés”. “Por eso”, explica, “se estableció este sistema, que permite desincentivar el turismo masivo -haciendo pagar una entrada-, pero garantiza el libre acceso de los vecinos: no por nacionalidad, sino por vecindad con el parque”. ¿Y los residentes de otras áreas de Barcelona? “Somos partidarios de extender el derecho de libre acceso, pero a petición del interesado y demostrando en cada caso la problemática personal que justifique ese derecho”. También aboga por simplificar el registro en Gaudir Més, que reconoce que no es sencillo: “Es una página web y además requiere un certificado digital. Debería ser una aplicación que una abuela, con ayuda de su nieto, pudiera descargarse en el móvil y registrarse con un simple clic”.
Lluís Cairell, presidente de la AV de la Taxonera, el barrio donde reside Tajafuerce, evita pronunciarse sobre el tema. Alega “no conocer el nuevo sistema de acceso” y, por tanto, no puede “emitir una opinión válida”. Pero Tajafuerce no se corta: “El argumento de la legislación europea, de no discriminación por razón de nacionalidad es una triquiñuela legal que da cobertura al negocio millonario de la venta de entradas a los turistas, a la vez que impide que muchos ciudadanos puedan disfrutar de una zona verde que pagan con sus impuestos”. Y remacha: “Estamos ante una auténtica expropiación a los barceloneses de uno de sus espacios más queridos y emblemáticos”.
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